De acuerdo a la nota de Sinembargo, firmada por el periodista Ricardo Ravelo, Después de treinta años de injusticias laborales, amenazas de muerte, despojo de edificios, cuentas bancarias y suicidios, el Presidente Andrés Manuel López Obrador decidió anular la requisa portuaria que en 1991 ordenó el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari.
El director de Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Fernando H. Serrano Monrroy, ordenó mediante un acuerdo de fecha 21 de septiembre, que se devolviera el patrimonio del que fueron despojados los trabajadores de los sindicatos de maniobristas, estibadores y checadores del puerto de Veracruz durante la ejecución de la requisa.
El Gobierno de la República determinó que se acreditó fehacientemente que durante la implementación de la requisa, en 1991, se presentaron ilegalidades: despojos, pérdida del empleo, violación a las leyes portuarias y obreras que ocasionaron daños y perjuicios irreparables en contra del gremio portuario de Veracruz.
En consecuencia, la Secretaría del Trabajo, mediante un acuerdo interinstitucional, determinó la entrega legal y jurídica de los edificios sindicales; la devolución y entrega de cuentas bancarias del Sindicato de Maniobristas y la empresa Servicios Portuarios de Veracruz, que se encuentran en los bancos Citibanamex y HSBC y la casa de bolsa EVERCORE; la actualización y entrega de Pensiones del IMSS a todos los socios afectados por la requisa; la Indeminización del usufructo de la concesión en los muelles y robo de maquinaria por parte de las empresas ICAVE, CICE, CTV y OPG y el permiso para trabajar en Zona I y Zona II en muelles propiedad federal sustituyendo a la empresa Servicios Portuarios de Veracruz por una nueva razón social.