Los 11 ministros de la Suprema Corte deben fallar sobre una acción de inconstitucionalidad y dos controversias constitucionales presentadas por miembros del Senado, la Cofece y el estado de Colima, respectivamente.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) invalidó el fallo de inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica que había sido aprobada por el Legislativo.
Con cuatro votos, el Pleno frenó la declaratoria de la inconstitucionalidad de la prevalencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la producción y comercialización de energía eléctrica por encima de las empresas privadas.
Durante la sesión, los cuatro votos que avalaron la propuesta de declarar la constitucionalidad de esta parte central de la Reforma Eléctrica, promulgada en marzo de 2021, fueron: Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez, la ponente Loretta Ortiz y el presidente Arturo Zaldívar.
Con estos votos, la intención de siete de los once ministros que afirmaron que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica violaba abiertamente el régimen de libre competencia en generación y comercialización de energía previsto en la Constitución desde 2013, fue frenada.
Cuatro de los principales artículos impugnados solo tuvieron seis votos por la invalidez, mientras que dos tuvieron siete votos, incluido el artículo 26, el que mas preocupa a las empresas privadas, pues ordena despacho preferente a plantas de CFE.
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro presidente de la SCJN, declaró anteriormente que la sesión no sería levantada hasta que el asunto no quedara completamente resuelto.
El Presidente aseguró en la “mañanera” del 6 de abril que el tema central de la discusión es el precio de la energía eléctrica, “lo que van a pagar los consumidores”, ya que, según sus declaraciones, se deben corregir los abusos que se cometieron cuando fue aprobada la Reforma Energética.
Asimismo, recalcó aquí se debe definir si se va a considerar constitucional o no la Ley Eléctrica, que establece un trato igualitario a la Comisión Federal de Electricidad al que reciben las empresas particulares porque en la reforma pasada “actuaron de manera corrupta”.