En días recientes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dejó claro desde Quintana Roo que la lucha contra la extorsión en Veracruz se ha convertido en prioridad para el gobierno federal. El anuncio vino acompañado de un compromiso firme: más operativos y una ofensiva directa contra los grupos criminales que han provocado violencia y cobro de piso, especialmente en la zona norte del estado.
Más allá del mensaje, lo relevante fue la forma: la federación mostró total respaldo a la gobernadora Rocío Nahle, con el aval de la presidenta Claudia Sheinbaum, en una señal de coordinación y unidad institucional.
A diferencia de épocas anteriores, el tema no se evade ni se minimiza. Por el contrario, tanto el gobierno federal como el estatal reconocen los problemas y los enfrentan con la fuerza del Estado. Ejemplo de ello es el despliegue de la Guardia Nacional en puntos estratégicos, como la autopista México-Veracruz, una de las rutas más golpeadas por la inseguridad contra transportistas y automovilistas.
La presencia de García Harfuch al lado de Rocío Nahle no es casual. Su peso político y operativo refuerza la importancia de Veracruz dentro de la estrategia nacional para combatir delitos de alto impacto. El mensaje es claro: se aplicará mano firme.
Durante su conferencia de prensa, la gobernadora fue enfática:
“En mi gobierno no hay grupos, y quien se considere como grupo no tiene razón de estar aquí. Tenemos una obligación de ayudar a los veracruzanos. Quien piense que tiene un coto de poder, está equivocado. Somos servidores públicos y esa es parte de la transformación. Quien traiga esas prácticas no va a estar trabajando con nosotros”.
Y subrayó: “El objetivo es Veracruz”.
Mientras tanto, quienes intentan agitar “calenturas ajenas”, quedarán fuera de esta nueva dinámica de seguridad y gobernabilidad.
El Mono Informativo.
