Senado aprueba nueva CURP biométrica y Llave MX; opositores alertan sobre riesgos a datos personales

Ciudad de México.– Con la aprobación en el Senado de la Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos, México se encamina hacia un modelo digital de servicios públicos en el que la CURP biométrica y la Llave MX serán piezas clave para la identificación de los ciudadanos.

La nueva legislación, que ya fue enviada al Ejecutivo federal para su promulgación, establece la creación de un Expediente Digital Ciudadano, un sistema que permitirá la interoperabilidad entre bases de datos, registros y sistemas de las autoridades de los tres niveles de gobierno y órganos autónomos, como universidades públicas. También se contempla un Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios y un número de atención exclusivo para los usuarios.

De acuerdo con el texto aprobado, la Llave MX deberá estar ligada directamente a la CURP del titular, la cual, al integrar datos biométricos, se convertirá en documento oficial de identificación, siendo aceptada de forma obligatoria para todos los trámites, sin necesidad de presentar documentos adicionales.

La ley también dispone que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la encargada de concentrar toda esta información y de emitir los lineamientos necesarios para la operación del sistema digital.

El Expediente Digital Ciudadano incluirá un fichero para ubicar los documentos y datos que obren en poder de las autoridades, garantizando —según se establece— el consentimiento de los titulares y la observancia de las normas de protección de datos personales.

Pese a las promesas de simplificación y eficiencia, la aprobación de esta ley desató fuertes críticas por parte de legisladores de oposición, quienes advirtieron sobre la falta de controles, la centralización del poder y los posibles riesgos a la privacidad.

La senadora Laura Esquivel, del PAN, sostuvo que la iniciativa “no protege los datos personales. Todo lo contrario, los expone”, mientras que la emecista Alejandra Barrales acusó que se trata de un proyecto para “controlar toda actividad” de los ciudadanos, eliminando contrapesos y afectando al federalismo.

Por su parte, el priista Néstor Camarillo calificó la medida como un intento de construir “un sistema centralista, autoritario y excluyente”, mientras que su correligionaria Claudia Anaya cuestionó su viabilidad financiera: “Esta ley va a requerir mucho recurso, el cual no tienen”.

A pesar de las objeciones, el proyecto fue respaldado por la mayoría oficialista, marcando un paso significativo hacia la digitalización de la gestión pública en el país, aunque no exento de polémica por su posible impacto en derechos fundamentales como la privacidad y protección de datos.

El Mono Informativo.